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Bogotá, 7 mar (EFE).- El exgobernador colombiano Alan Jara Urzola, quien pasó más de ocho años secuestrado por las FARC, y su familia solicitaron al Estado colombiano una indemnización de 8.071 millones de pesos (unos 4,27 millones de dólares) por los daños sufridos durante su cautiverio, informó hoy la Procuraduría General.
El Ministerio Público precisó que la suma aparece en una solicitud de conciliación prejudicial presentada por la familia Jara ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, departamento del que es capital Villavicencio.
Además de Jara, que fue gobernador del Meta, la petición está suscrita por su esposa, Claudia Cecilia Rugeles Flórez; el hijo de la pareja, Alan Felipe Jara, y la hermana del exrehén, Zaida María Jara Urzola.
En un comunicado, la procuraduría informó de que ese tribunal del Meta convocó para el próximo 31 de marzo la audiencia pública de conciliación entre la familia Jara y los entes o dependencias demandados.
Jara y sus allegados consideran como responsables de su secuestro, por acción u omisión, al Estado, representado en los ministerios de Defensa y de Interior y Justicia, la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal).
El ahora exrehén fue hecho cautivo por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cuando viajaba por una carretera del Meta junto a funcionarios de Naciones Unidas.
La guerrilla decidió de forma unilateral ponerlo en libertad el 3 de febrero de 2009 junto con otro grupo de secuestrados: el exdiputado regional Sigifredo López, tres policías y un militar.
En la próxima audiencia, los convocantes buscarán conciliar y para ello piden "una indemnización por un valor de aproximadamente 8.071.732.407 pesos a la fecha de la solicitud", indicó la Procuraduría.
Jara y su familia buscan que la justicia administrativa declare responsable al Estado "por su acción u omisión respecto de los daños morales, fisiológicos, materiales, a la vida de relación y a los perjuicios por las alteraciones a las condiciones de existencia, con ocasión del secuestro del señor Jara", agregó.
Un allegado a la familia, que pidió el anonimato, aclaró a Efe que, contrario al caso de los congresistas y miembros de la Fuerza Públicas secuestrados por las FARC, la esposa y el hijo de Jara nunca recibieron los salarios que pudo haber devengado el entonces rehén, por lo que ambos "estuvieron desamparados todo el tiempo".
La querella es una de las varias de indemnización que han sido presentadas ante la justicia administrativa por algunos familiares o exrehenes de las FARC.
