Bogotá, 18 abr (EFE).- Distintos expertos internacionales del ámbito jurídico coincidieron hoy en señalar la falta de voluntad política de las autoridades colombianas para acabar con la impunidad que rodea los crímenes sexuales del conflicto armado, en el marco del Foro "Justicia para las víctimas de violencia sexual".
El consejero jurídico internacional de Amnistía Internacional, Hugo Relva, denunció en su intervención que "en Colombia no existe voluntad por parte de las autoridades estatales de poner fin a la impunidad" y aseguró que la dificultad para acceder a la justicia "no es sólo un fracaso del sistema judicial" ya que "terminar con la impunidad es una política de Estado".
En este sentido, criticó que la falta de garantías para la denuncia de los agresores, el escaso apoyo institucional a las víctimas y sus familias o la estigmatización por parte de operarios judiciales y funcionarios públicos, fomentan la impunidad y revictimizan a las mujeres.
Del mismo modo, la abogada especializada Daniela Kravetz del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, uno de los organismos pioneros en la condena de estos casos, alertó que los abusos "forman parte de un panorama más amplio de victimización que opera en distintos planos: el psicológico para humillar y controlar, el físico y el social, como castigo a la comunidad".
"La adopción de un marco jurídico es un paso muy importante en la lucha contra la impunidad pero también requiere de voluntad política que dedique recursos y forme a operarios judiciales especializados", añadió.
El Congreso colombiano debate desde los últimos meses la aprobación del proyecto de ley para condenar las agresiones sexuales en el marco del conflicto armado como crímenes de lesa humanidad, proyecto que ayer fue aprobado por la Cámara de Representantes y que ahora está pendiente de dos debates en el Senado.
Esta iniciativa legislativa incluye una revisión de los procedimientos para valorar las pruebas en crímenes de violencia sexual con el objetivo de dar mayor peso a los testimonios de las víctimas y evitar que la prueba física, no siempre presente, sea la única evidencia del proceso.
"El reto cultural y moral es enorme. Vivimos en una cultura patriarcal, pero la guerra exacerba estas condiciones y no queremos que el conflicto se siga introduciendo en nuestros cuerpos", declaró la congresista María Ángela Robledo, una de las impulsoras del proyecto, en la instauración del foro.
A su turno, el ex Fiscal Federal de Mendoza (Argentina), Omar Palermo, quien investigó delitos de violencia sexual cometidos durante la dictadura argentina, expuso que se tiene que ir más allá de la condena del autor material y responsabilizar a los altos mandos y cómplices en la perpetración de estos crímenes.
Palermo aseguró que una sola violación es suficiente para ser considerada como un crimen de lesa humanidad siempre que se produzca en el marco de "un ataque generalizado y sistemático", condición que se cumple bajo el fuego del conflicto armado interno colombiano.
"No hay proceso de paz posible sin memoria, verdad, visibilidad y justicia y eso es el castigo a los responsables", concluyó tras la denuncia de que no haya casos de amnistía para estos crímenes.
Ante la falta de estudios sobre esta problemática, la Casa de la Mujer y la ONG Oxfam-Intermón determinaron en una muestra representativa de casos recogidos entre 2001 y 2009 que 489.687 mujeres de 407 municipios con presencia de fuerza pública, guerrilla y paramilitares fueron víctimas de violencia sexual, de las cuales un 82,15 % no denunció por miedo o falta de información.
