Quedó establecido en la resolución 666 de 2020. Hay vigilancia y control a los protocolos sanitarios por parte de las Secretarías de Salud a las empresas durante la pandemia del coronavirus.
Según el código penal, la violación de medidas de bioseguridad podrían implicar amonestaciones, multas, decomiso de productos o artículos y hasta el cierre temporal o definitivo de las compañías.
De demostrarse la culpa de un empleador en el desacato de la norma y facilitar la propagación de una epidemia, este podría ir a prisión con una condena que va desde los 4 hasta los 10 años, según el código penal. Mientras que las sanciones monetarias van desde los 500 hasta los 10.000 salarios mínimos.
Las autoridades de salud son las encargadas de aplicar los correctivos dependiendo de la infracción de salud ocupacional y del sistema general de riesgos laborales.
