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Empresas Públicas de Medellín inició acciones legales en contra de las firmas que diseñaron y construyeron el proyecto Hidroituango, por su presunta responsabilidad en los sobrecostos ocasionados por la contingencia registrada el 28 de abril de 2018 en el proyecto.
De acuerdo con investigaciones realizadas por un equipo técnico y jurídico independiente, consorcio diseñador Generación Ituango (compuesto por Integral y Solingral S.A.), el consorcio constructor CCCI (integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa-Ramón H) y el consorcio interventor Ingetec-Sedic podrían tener la responsabilidad civil en los sobrecostos económicos ocasionados por la contingencia registrada a partir del 28 de abril de 2018 en el proyecto Hidroeléctrico Ituango. Por ello, EPM emprendió acciones legales contra estas firmas, por el detrimento sufrido en la obra, por daño emergente y lucro cesante, que podría ascender a 9.9 billones de pesos.
Antes de acudir a la justicia contenciosa administrativa y que sea, finalmente, el Consejo de Estado el que dirima el conflicto y defina si la demanda por $9,9 billones contra los consorcios se materializa, el proceso deberá cumplir con el requisito de conciliación entre las partes, el cual se espera que tarde tres meses.
En caso de que no se logre la conciliación, esta sería la demanda más alta interpuesta por una entidad de derecho público en contra de un contratista en Colombia.
El daño emergente en la obra de Hidroituango contempla sobrecostos en maquinaria, préstamos, intereses, atención a las 4.000 personas afectadas río abajo de la presa y pagos a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y el lucro cesante corresponde a la energía, entre otros, que no fue posible vender desde el 28 de noviembre de 2018, cuando debió estar funcionando Hidroituango.
