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Frente a los procesos y hallazgos de la Contraloría de Medellín en la inversión de EPM en México, que habría causado presuntamente pérdidas por 72 millones de dólares, el alcalde, Daniel Quintero evaluó las dificultades presentadas con esas inversiones, en las que la actual administración adelanta procesos para resolverlas.
Otro caso al que se refirió fue al de bonyic, Panamá, en el que la Contraloría General de Medellín busca establecer responsabilidades por el aumento de una inversión que estaba contemplada en 50 millones de dólares y terminó costando 365 millones de dólares, sin adelantar acciones jurídicas contra ninguna de las empresas contratadas para desarrollar este proyecto.
Según el mandatario, una de las motivaciones para demandar a los contratistas de la Hidroeléctrica Ituango, fue también evitar investigaciones futuras por alguna negligencia en la demanda de la responsabilidad fiscal de contratistas en las inversiones de recursos públicos en el desarrollo de las obras.
