Dos demandas que suman 15,4 billones de pesos confirmó EPM fueron radicadas el 12 de enero ante el Tribunal Administrativo de Antioquia y ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Medellín. En el primer caso es contra los consorcios, por 9,9 billones de pesos y, en el segundo, partiendo de la cláusula compromisoria establecida en el contrato de seguros, por 5,5 billones de pesos.
Según EPM, con ocasión de la contingencia del 28 de abril del 2018 el Grupo EPM tenía la obligación de promover las acciones legales o solicitar la conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación dentro de los de los 2 años siguientes a la fecha citada, para obtener el resarcimiento de los perjuicios. Este plazo fue extendido por normas de la emergencia económica hasta el 12 de agosto de 2020.
Con este panorama, EPM aseguró que por lo tanto, para el Gerente General del Grupo EPM no era una opción, sino una obligación de ley, promover dichas acciones antes del 12 de agosto de 2020, fecha en la cual se cumplía el término legal para intentarlo.
Para la empresa, tanto la Procuraduría General de la Nación, como el Gobierno Nacional, la Contraloría General de la República acompañaron ampliamente las discusiones en el marco de la conciliación extrajudicial, buscando siempre garantizar la finalización del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, por ser de interés nacional, como quiera que representa el 17 por ciento de la generación de energía del país.
Así las cosas, el martes 12 de enero se presentaron las demandas, dentro de la oportunidad legal, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. En el caso de los consorcios por $9,9 billones de pesos, y ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Medellín, partiendo de la cláusula compromisoria establecida en el contrato de seguros, por un monto de $5,5 billones de pesos.
La compañía ratificó su intención de dar cumplimiento al ordenamiento jurídico colombiano, interpretando criterios que le permitan hacer valer sus derechos.
