El incumplimiento del Gobierno nacional con los pagos de la opción tarifaria y los subsidios de energía a los estratos bajos tiene en cuidados intensivos a las empresas de servicios públicos domiciliarios.
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La misma Contraloría advirtió que la deuda asciende a 7 billones de pesos, más de la mitad solo con EPM que con su músculo financiero se ha solventado, sin embargo, el alto riesgo es para las empresas de Huila, Chocó, Putumayo, Amazonas y de la costa como es el caso de Afinia, como lo reveló en Noticias Telemedellín el gremio de las empresas de servicios públicos domiciliarios (Andesco).
“Son más de 16 empresas que están en cuidados intensivos, que recibieron esto a cuenta gotas, pero que si no les entregan los recursos de la manera eficiente, pues vamos a tener ese apagón financiero, no lo queremos, pero va a existir y esto no es una amenaza, lo dijo el contralor general de la república en su advertencia”, señaló Camilo Sánchez Ortega, presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Públicos (Andesco).
Y es que la deuda es de 2.7 billones de pesos por los subsidios para los estratos 1, 2 y 3. 3.3 billones de pesos por la opción tarifaria y otro billón de pesos de deudas de servicios a empresas estatales.
La falta de pago y la crisis financiera llevaría a un inminente racionamiento de energía en el país.
“Ya dejaron de pagarle 8 meses a estas empresas simplemente han liquidado lo que supuestamente es el subsidio, pero qué sacamos con que nos digan que está liquidado, pero no entregado, eso es lo mismo que nada, es decir, tenemos una cuenta se la debemos, pero no le entregamos la liquidez para que puedan verdaderamente comprar energía y entregársela a los hogares de los estratos populares”, manifestó Sánchez.
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“Si hay limitación del suministro del generador al comercializador, entonces, el comercializados va a decidir adónde envía energía, donde no le llega, a qué horas envía y a qué horas no, qué días de la semana habrá racionamiento”, indicó Javier Gaviria Betancur, presidente de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos.
La crisis también podría afectar los puestos de trabajo en un sector energético que emplea a 560 mil personas en todo el país.
