El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que su Gobierno estudia la posibilidad de declarar una emergencia sanitaria y económica a nivel nacional debido al brote de fiebre amarilla. La medida, de carácter excepcional, permitiría al Ejecutivo tomar decisiones inmediatas a través de decretos con fuerza de ley, sin necesidad de trámite previo en el Congreso, sin embargo, para algunos expertos la medida es innecesaria.
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La alerta se encendió tras la confirmación de casos en algunos departamentos, En ese contexto, el Gobierno considera que no solo está en riesgo la salud pública, sino también el funcionamiento económico en regiones dependientes del turismo por la temporada de Semana Santa.
“Pareciera que el manejo le está dando a este tema pareciera ser o crear las condiciones de generar estas condiciones de emergencia a fin de que en la discrecionalidad que tiene con estos mecanismos poder implementar posiblemente nuevos esquemas de recaudo, reformas tributarias”, indicó Gabriel Rojas, académico y experto en economía.
Sin embargo, la propuesta ha generado controversia. Diversos expertos coinciden en que la situación, aunque grave, no justifica una medida tan amplia. Señalan que el sistema sanitario todavía tiene capacidad de respuesta, que existen protocolos de atención definidos y que el brote, hasta el momento, es focalizado, y no generalizado.
“Hacer frente a otros problemas que si tiene el gobierno particularmente su déficit fiscal y como enfrentar o como tener mayores recursos para solventar sus necesidades de caja”, agregó Rojas.
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Además, advierten que recurrir a una emergencia económica en paralelo podría abrir la puerta a decisiones discrecionales en materia fiscal o contractual sin la debida supervisión. La Corte Constitucional ha sido clara en que las emergencias deben ser proporcionales, temporales y estrictamente necesarias, algo que en este caso está en entredicho.
