Bogotá, 14 jul (EFE).- El vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, asumió hoy los diálogos con los campesinos de la zona del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, para tratar de poner fin a un conflicto que ya dura más de un mes y que es la más delicada de las protestas sociales que desafían al Gobierno nacional.
Garzón, un exdirigente sindical curtido en el campo de la negociación, fue enviado por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a Tibú, un municipio petrolero del departamento de Norte de Santander, para dialogar sobre el terreno con los campesinos ante el estancamiento de las conversaciones con otra delegación oficial.
"No queremos empezar de cero, queremos tener en cuenta lo que llevaban adelantado los voceros de los campesinos y el Gobierno en los pasados diálogos", dijo Garzón a los periodistas antes de reunirse con los líderes de las protestas del Catatumbo iniciadas el pasado 10 de junio.
El vicepresidente subrayó que su primer objetivo es garantizar "el respeto recíproco" y crear un clima de "confianza" entre las partes para "disminuir la violencia" que ha impregnado las protestas, en las cuales han muerto cuatro campesinos en refriegas en Ocaña, otra ciudad de la zona, y más de 50 labriegos y policías han resultado heridos.
Un segundo paso, una vez sea restaurada la confianza rota en los últimos días, será abordar las demandas de los manifestantes, que protestan contra la orden del Gobierno de iniciar una erradicación manual de cultivos de hoja de coca, piden la creación de una Zona de Reserva Campesina (ZRC) y más atención de las autoridades a sus problemas.
"Tenemos todas las propuestas, un pliego, una metodología y nuestra voluntad, pero esperamos que esta vez el Gobierno sí responda con la voluntad necesaria para llegar a acuerdos que solucionen la profunda crisis económica, social y humanitaria del Catatumbo", dijo César Jerez, representante de los miles de campesinos reunidos en Tibú y Ocaña.
Una solución a las protestas reclaman también las 21 asociaciones de productores de palma de Norte de Santander, que hoy advirtieron de que cerca de 3.000 familias de la zona pueden verse perjudicadas porque los bloqueos de vías que han hecho los campesinos les impiden sacar su producción.
Miembros del Gobierno han denunciado que las protestas en el Catatumbo están infiltradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), supuestamente con el propósito de crear un ambiente de inestabilidad institucional que pueda ser aprovechado por los rebeldes en las negociaciones de paz que se celebran en La Habana.
El Catatumbo, una región históricamente olvidada por las autoridades, ha sido en las últimas tres décadas un territorio disputado a sangre y fuego por los grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes.
Coincidencia o no, la protesta campesina en el Catatumbo ha sido seguida de advertencias de otros sectores, como los caficultores a la cabeza de varios gremios agrícolas, y los mineros, de iniciar huelgas nacionales para presionar al Gobierno a que atienda sus reivindicaciones.
Los cafeteros han amenazado con hacer una huelga nacional a partir del próximo 19 de agosto para presionar al Gobierno a que cumpla todo lo pactado con ese sector en marzo pasado, ante lo cual las autoridades argumentan han hecho un esfuerzo fiscal sin precedentes para ayudar a los productores del grano.
El ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, dijo hoy que el Gobierno está "dispuesto a trabajar, a dialogar, dentro de un espíritu democrático, abierto", sin condiciones imposibles "porque en últimas el que pierde es el país completo".
Estupiñán hizo las declaraciones antes de reunirse con representantes del Movimiento Dignidad Cafetera para discutir el grado de cumplimiento de los acuerdos firmados en marzo pasado, que pusieron fin a un paro del sector.
El Gobierno también recibe presiones de los mineros, que convocaron a una huelga indefinida a partir del próximo miércoles.
Los mineros tienen quince reivindicaciones que incluyen aspectos ambientales, técnicos, legislativos y de seguridad social, así como la garantía del derecho al trabajo y que se elimine un decreto del año pasado que ordena la destrucción de maquinaria pesada utilizada en la exploración o explotación de minerales sin autorización.
