El miércoles, 7 de diciembre, el régimen talibán ejecutó una persona en la provincia de Farah, en el sur de ese país asiático, el primero de estos crímenes cometido desde que retomó el poder.
Diferentes medios han publicado, tras citar a un portavoz del gobierno talibán, manifestaron que “cientos de personas asistieron a la ejecución en la provincia de Farah, incluidos altos funcionarios talibanes”.
Según indicó el medio Aljazeera, la ejecución fue realizada con un rifle AK-47 y quien disparó fue el padre de un joven que fue asesinado en 2017 para robarle su motocicleta y un teléfono móvil.
“El ejecutado, identificado como Tajmir de la provincia de Herat, fue condenado por matar a otro hombre hace cinco años y robarle su motocicleta y teléfono móvil. La víctima fue identificada como Mustafa de la provincia vecina de Farah. Muchos hombres afganos usan un solo nombre”, indicó Aljazeera.
La ejecución pública fue autorizada por tres de los más altos tribunales afganos y el líder supremo del talibán, Mulla Haibatullah Akhunzada.
Según comunicó Zabiullah Mujahid, el ministro interino de Información y Cultura de Afganistán, Tajmir fue arrestado después de que la familia del joven asesinado lo acusara, aceptó el crimen y por esto recibió tres disparos de parte del padre de la víctima del hurto.
Francia y la ONU se han mostrado contrarios a estas prácticas, que se suman a las lapidaciones de mujeres y azotamiento de personas.
"Las ejecuciones públicas constituyen una forma de trato o pena cruel, inhumano o degradante. Tales ejecuciones son de naturaleza arbitraria y contrarias al derecho a la vida protegido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Afganistán es Estado parte", dijo el portavoz de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, Jeremy Laurence, por medio de un comunicado.
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