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Bogotá, 21 ene (EFE).- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó al estatal Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) restituir a familias campesinas 36 predios rurales que les habían sido quitados por paramilitares valiéndose de amenazas y otros procedimientos ilegales.
Así lo consigna una sentencia de la CSJ conocida hoy en la que le ordena al Incoder que en 30 días revoque los títulos de propiedad otorgados por ese instituto a testaferros del jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40".
El documento precisa que los predios a los que hace alusión están en Chivolo, un municipio del departamento del Magdalena (norte).
Según el Incoder, los predios fueron reasignados entre 2002 y 2003 luego de que fueron abandonados por los campesinos, lo que el Tribunal consideró como una falsa motivación, toda vez que se desconoció que ello fue producto de amenazas por parte paramilitares interesados en dichos terrenos.
En otras ocasiones, paramilitares al mando del mismo "Jorge 40" obligaron a los campesinos a vender sus predios a precios irrisorios.
La Corte también ordenó enviar copias a un fiscal de la Unidad Antiterrorismo para investigar a los funcionarios del Incoder Magdalena que intervinieron en la posible titulación fraudulenta.
En el documento la Corte también señala que tanto el Incoder como la Fiscalía 22 de la Unidad de Antiterrorismo "no están cumpliendo cabalmente sus deberes".
Su afirmación la justifica en el hecho de que pese a que el mismo "Jorge 40", quien era el comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), confesó que había robado dichas tierras, esas entidades no emprendieron acciones para devolver las mismas a sus legítimos dueños.
