Bogotá, 16 dic (EFE).- El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Alejandro Navas, achacó hoy las numerosas críticas a la reforma del Fuero Militar que se aprobó esta semana en el Congreso a "intereses políticos y económicos".
"Hemos percibido el inconformismo y el rechazo de algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) y de algunos sectores de la sociedad tal vez porque se les van a lesionar algunos intereses políticos y económicos", señaló en una entrevista divulgada hoy por la edición digital del diario colombiano El Tiempo.
Navas defendió esta reforma constitucional que dispone que un tribunal penal militar juzgue la infracciones cometidas por los miembros de la fuerza pública en servicio a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que regula la guerra, uno de los aspectos más polémicos ya que abre la posibilidad de que delitos graves se queden en ese ámbito.
Sin embargo, según el texto, que se convertirá en Ley de la República cuando sea promulgado por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, la justicia ordinaria asumirá los delitos de lesa humanidad como genocidio, desaparición, violencia sexual, ejecución extrajudicial, tortura y desplazamiento.
"Todos sabemos lo que hay detrás de las condenas a los militares: las indemnizaciones que tiene que pagar el Estado. Tal vez ese es el inconformismo, que, al haber una buena administración de justicia, ese desequilibrio que hay a favor de esos intereses se va a ver limitado", dijo el general para argumentar su postura.
La reforma al Fuero Militar experimentó durante su trámite en el Congreso un tortuoso camino entre los cuestionamientos de organismos humanitarios como Human Rights Watch, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta de Naciones Unidas, que alertaban de posibles vacíos para la impunidad.
"El fuero militar no es una patente de corso, no es un privilegio ni un instrumento de impunidad, como lo han señalado algunas ONG y algunos sectores de opinión", opinó Navas.
El comandante de las Fuerzas Militares indicó que en Colombia hay 6.201 policías y militares investigados, de los que 1.466 están presos y 515 condenados; 951 están sindicados y 84 fueron absueltos, mientras que el resto de casos sigue en indagación.
De acuerdo con la reforma del Fuero Militar, la Fiscalía y la justicia penal militar tendrán un año para dirimir a qué tribunal corresponde cada caso en investigación.
