El Gobierno admitió hoy que estudia la ubicación, en un país amigo, a los familiares de la líder de desplazados asesinada la semana pasada en Medellín, Ana Fabricia Córdoba, reveló el vicepresidente Angelino Garzón.
El Gobierno busca mecanismos, de común acuerdo con otro país, para que pueda salir de Colombia todo el núcleo familiar de Córdoba, señaló el vicepresidente, tras reunirse con los allegados a la dirigente social asesinada.
Según el alto cargo, el objetivo del Gobierno es el de proteger a los miembros de la familia Córdoba.
Ana Fabricia Cordoba, de 51 años, fue asesinada el pasado 7 de junio por un hombre cuando viajaba en un autobús público de pasajeros por un populoso barrio del noreste de Medellín.
Un día después, los tres hijos de la mujer fueron amenazados a través de llamadas telefónicas.
La misma Córdoba denunció en un encuentro de derechos humanos celebrado en la alcaldía de Medellín hace pocas semanas que había recibido amenazas de muerte.
La dirigente hacía parte de la Ruta Pacífica de las Mujeres y se había integrado al movimiento Poder Ciudadano en Medellín, conformado por la exsenadora Piedad Córdoba, su prima.
Piedad Córdoba, quien ha sido mediadora en varias ocasiones para la liberación de rehenes de las Farc, fue destituida el año pasado como legisladora dentro de un proceso disciplinario que le siguió la Procuraduría General por supuesta colaboración y favorecimiento a esa guerrilla.
La misma excongresista acompañó hoy a los hijos de su prima asesinada a la cita con el vicepresidente Garzón.
A la líder muerta le sobreviven sus hijos Diana Ospina Córdoba, de 28 años; Carlos Arturo, de 18, y, Carolina, de 12.
Otros dos hijos de Ana Fabricia Córdoba murieron asesinados: Johnatan, en 2010, en un descampado de Medellín, en un crimen que testigos atribuyeron a un policía, mientras que su hermano Carlos Mario fue asesinado en 2004.
La dirigente colombiana se había desplazado a Medellín en 2001, desde la zona rural de Apartadó, en la que algún grupo armado ilegal asesinó en casos por separado a su esposo y a otro familiar.
Llegó a esa ciudad con cuatro hijos y se estableció en La Cruz, barrio del que debió salir tras el asesinato de Johnatan.
La semana pasada el vicepresidente Garzón consideró que la muerte de Córdoba "pudo evitarse" y pidió, además, investigar una denuncia del Comité Metropolitano de Derechos Humanos de Medellín sobre una supuesta participación de miembros de la Policía en el asesinato.
