Dublín, 11 nov (EFE).- El Gobierno irlandés expresó hoy su "satisfacción" por la "casi segura" victoria del sí en el referéndum del sábado, que permitirá reforzar a través de una reforma de la Constitución los mecanismos de protección del menor.
Apenas dos horas después del comienzo hoy del recuento de votos, la ministra para la Infancia, Frances Fitzgerald, calificó de "histórica" la posible aprobación de la propuesta del Ejecutivo de Dublín, pues corregirá las deficiencias que ha padecido el Estado para asegurar el bienestar del menor.
Fitzgerald lamentó, no obstante, la baja participación registrada en la consulta popular, que podría situarse en el 30 por ciento, mientras que el sí podría obtener en torno al 60 por ciento de los sufragios, según estimaciones de la cadena pública RTE.
En un país donde durante décadas ha habido miles de abusos de menores en instituciones religiosas y públicas, la propuesta del Gobierno de coalición entre el conservador Fine Gael y los laboristas pretende, entre otras cuestiones, obligar a las autoridades a investigar casos de maltratos.
Durante la campaña, el Ejecutivo de Dublín ha destacado que la inclusión en la Carta Magna de una mención específica a los "derechos del menor" tiene como objetivo "proteger a los niños más vulnerables de abusos y abandono", sin que ello represente una "amenaza para las familias o los padres".
La activista Kathy Sinnott, exdiputada europea y contraria a la propuesta, aseguró hoy que la victoria del 'sí' convierte al menor y a los padres en los "verdaderos damnificados" porque "han perdido sus derechos".
Sinnott se declaró también "preocupada" por el estado de la salud de la democracia en este país al afirmar que el Gobierno ha "hecho trampa y ha mentido" para lograr este resultado.
La activista hacía referencia a una sentencia emitida este jueves, tres días antes de la votación, por el Tribunal Supremo de Dublín, que calificó de "anticonstitucional" la actuación del Gobierno durante la precampaña.
Los cinco jueces que componen este tribunal indicaron que el Ejecutivo "actuó de forma ilegal" por usar dinero público, algo más de un millón de euros, para producir un folleto informativo que no era "justo, equitativo o imparcial".
