![El Gobierno colombiano defiende el Fuero Militar de las críticas por posible impunidad Fuero Militar](https://telemedellin.tv/wp-content/uploads/2012/12/20121212_5002584w-585x386.jpg)
El ministro colombiano de la Defensa, Juan Carlos Pinzón (i), ayer, con el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Alejandro Navas (c), y el comandante del Ejército de Colombia, General Sergio Mantilla (d), en la sesión plenaria del Senado. EFE
Bogotá, 12 dic (EFE).- El Gobierno de Colombia afirmó hoy que el nuevo Fuero Militar, que ha recibido duras críticas de organizaciones de derechos humanos, permitirá a las Fuerzas Armadas del país actuar con legitimidad en el conflicto armado y garantizó que los casos de ejecuciones extrajudiciales no quedarán impunes.
Los ministros de Defensa, Juan Carlos Pinzón, e Interior, Fernando Carrillo, salieron en defensa de la polémica norma, que implica la creación de una nueva Justicia Penal Militar.
La nueva justicia castrense, según el proyecto aprobado este martes en el Senado, se hará cargo de las infracciones cometidas en actos de servicio por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, aunque algunos delitos de lesa humanidad quedarán en manos de la justicia ordinaria.
Pinzón, uno de los grandes defensores del proyecto, dijo que para la redacción del texto se tomaron como referentes la Constitución, la legislación internacional y la historia de 50 años de conflicto con el objetivo de "restablecer la seguridad jurídica para los miembros de la Fuerza Pública".
En declaraciones a Caracol Radio, afirmó que no se trata de otorgar "privilegios" a los uniformados, sino de darles "beneficios que les permitan estar claros a la hora del empleo de la fuerza legítima" en el marco de confrontaciones armadas y a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que regula la guerra.
El ministro defendió que se trata de una norma "seria, democrática y equilibrada" un día después de que el Senado la aprobara por 54 votos a favor y cinco en contra, lo que supondrá la modificación de tres artículos de la Constitución.
En términos similares se expresó el ministro Carrillo, que en una entrevista con RCN Radio aseveró que "muy pocas constituciones del mundo tienen ese conjunto de normas" y aclaró que la reforma se hizo "para ampliar la lista de delitos", es decir, clasificarlos desde el punto de vista legal.
Según el texto aprobado, cuyo siguiente paso es ser conciliado por las dos Cámaras del Congreso, los delitos de lesa humanidad como genocidio, desaparición, violencia sexual, ejecución extrajudicial, tortura y desplazamiento quedarán en manos de la justicia ordinaria.
Pero el resto de infracciones al DIH cometidas por uniformados quedarán bajo la Justicia Penal Militar, uno de los aspectos más polémicos de la reforma ya que plantea la posibilidad de que delitos graves se queden en ese ámbito.
La mayor preocupación de las organizaciones de derechos humanos tiene que ver con los "falsos positivos", como se conocen las ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de la Fuerza Pública que acabaron con la vida de miles de jóvenes.
Tras ser reclutados por medio de engaños, los jóvenes fueron asesinados y después presentados como guerrilleros muertos en combate para obtener premios.
El fuero aprobado por el Senado establece que el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General deberán dirimir en el plazo de un año qué tipo de justicia aplicar a los "falsos positivos", lo que significa, según los detractores de la reforma, abrir las puertas a la posibilidad de que queden impunes.
Esa práctica, que salió a la luz en 2008, cuando el actual presidente Juan Manuel Santos era ministro de Defensa y que, según la ONU, ha sido "sistemática", la llevaron a cabo militares con el objetivo de presentar logros en la lucha contra las guerrillas y ganarse el favor de sus superiores.
El director para América Latina de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, opinó hoy que este fuero es "un error que fue evitable" y que significa un retroceso para los derechos humanos en un país que arrastra casi 50 años de conflicto armado.
El activista criticó en declaraciones a Caracol Radio que las Fuerzas Militares vayan a tener "capacidad de autorregularse", lo que, a su juicio, implica un regreso "al siglo pasado, décadas de los ochenta y noventa, en donde se cometían violaciones a los derechos con total impunidad".
Vivanco expresó su desacuerdo porque infracciones al derecho humanitario queden en manos de la justicia castrense pero sobre todo por la falta de claridad sobre cómo se manejarán los "falsos positivos".
En ese sentido, el ministro de Interior dijo que si bien "la regla general es que el juez natural es la justicia ordinaria y esos casos no van a estar en la justicia militar", reconoció que los "falsos positivos" se exponen a "un problema de interpretación jurídica".
"Los 'falsos positivos' nunca irán a la Justicia Penal Militar", apuntó por su lado el titular de Defensa sobre uno de los vacíos que deja esta ley, en un intento de calmar los ánimos.