Ciudad del Vaticano, 25 oct (EFE).- El exmayordomo del papa Paolo Gabriele, condenado a un año y medio de cárcel por el robo con agravantes de documentos reservados de Benedicto XVI, cumple ya la condena en una celda del Vaticano, a donde fue trasladado hoy.
A las 15.00 hora local (13.00 GMT) Gabriele, de 46 años y que se encontraba en arresto domiciliario, fue llevado a una celda del cuartel de la Gendarmería Vaticana, cercana a su domicilio, la misma de cuatro metros por cuatro donde transcurrió parte de los casi dos meses que pasó encarcelado tras ser detenido el 23 de mayo.
Tras despedirse de su esposa y tres hijos, "Paoletto", como es conocido, fue conducido por gendarmes vaticanos a la celda, cumpliendo órdenes del promotor de Justicia del Vaticano (fiscal), Nicola Picardi.
La revocación del arresto domiciliario e ingreso en prisión se produjo después de que el Tribunal de Justicia del Vaticano hiciera firme la condena a año y medio de cárcel, una vez que Gabriele rechazó recurrir la sentencia ante el Tribunal de Apelación del pequeño Estado y tampoco lo hizo el fiscal de esta corte, Giovanni Giacobbe.
Fuentes vaticanas precisaron que, de esos 18 meses, hay que descontar los días que Gabriele estuvo ya encarcelado (fue detenido el 23 de mayo y puesto en arresto domiciliario el 21 de julio) más el tiempo en arresto domiciliario, en total cinco meses.
Así, "Paoletto" deberá permanecer encarcelado aún trece meses, a no ser que el papa Benedicto XVI le conceda la gracia y le perdone antes.
A este respecto, el portavoz vaticano, Federico Lombardi, dijo hoy que "queda aún abierta" la posibilidad de que el pontífice le perdone.
La Secretaría de Estado, en un duro comunicado, señaló hoy que la concesión del perdón "es un acto soberano del Santo Padre" y que ello supone "el arrepentimiento del reo y la sincera petición del perdón al Sumo Pontífice y a todos los que han sido ofendidos de manera injusta".
En ese texto, la "presidencia del gobierno" de la Santa Sede señaló que con la sentencia ya firme concluye "un asunto triste que ha tenido consecuencias muy dolorosas".
"Se ha ofendido personalmente al Santo Padre, se ha violado el derecho a la privacidad de muchas personas que se habían dirigido al Papa por su posición, se ha creado un perjuicio a la Santa Sede y a varias de sus instituciones, se ha creado un obstáculo a las comunicaciones entre obispos del mundo y la Santa Sede y causado un escándalo en la comunidad de los fieles", indicó.
La Secretaría de Estado subrayó que el juicio a Gabriele se "desarrolló de manera transparente y ecuánime y en el pleno respeto del derecho a la defensa" y resaltó que la sentencia rechaza cualquier tipo de "conjeturas sobre la existencia de complots o implicación de otras personas".
Asimismo, la Secretaría de Estado precisó que ha puesto en marcha el procedimiento para destituirle del cargo, pues hasta ahora seguía cobrando su sueldo.
Lombardi dijo hace dos días, cuando se publicó el texto completo de la sentencia, que se le seguía abonando el sueldo por caridad cristiana, al tener mujer y tres hijos.
"Paoletto" también fue condenado a pagar las costas del juicio, que Lombardi cuantificó hoy en 1.000 euros.
La condena a 18 meses de cárcel se refiere exclusivamente al robo con agravantes.
La Fiscalía del Vaticano, sin embargo, mantiene abierta la investigación por la presunta comisión de otros delitos, como daños a la seguridad del Estado y violación de la privacidad del jefe del Estado (el papa).
Con el cumplimiento de la condena no concluye el escándalo conocido como "Vatileak", ya que el 5 de noviembre próximo comenzará el juicio contra Claudio Sciarpelletti, de 48 años, acusado de encubrimiento y que en un principio iba a ser juzgado junto a "Paoletto", pero el tribunal separó los dos casos.
En este juicio, el más mediático de la historia de la Iglesia, no fue aceptada la documentación de los testigos recogida por la Comisión Cardenalicia ordenada por el papa para investigar el caso, al considerar el tribunal que fue creada según el Código de Derecho Canónico y sólo responde ante el pontífice.
La comisión, presidida por el cardenal español Julián Herranz, interrogó a una treintena de personas, aunque se desconoce si en algún momento se informará sobre esos interrogatorios.
