El crimen de Ana Fabricia Córdoba esta semana, y la movilización que motivó ese lamentado hecho, tanto del gobierno como de la población civil, le hizo a este país clavar una vez más la mirada en el piso.
El asesinato de Ana Fabricia hace recordar que el propio presidente Santos ha advertido de los enemigos que tiene, y que siempre ha tenido, la Ley de Víctimas. Cuando iban a enterrarla, el pasado jueves, decenas de personas marcharon junto al féretro reclamando del gobierno mayor protección para quienes, hoy, luchan por sus derechos mancillados.
La Alcaldía de Medellín lamentó y condenó este nuevo crimen y la Mesa de Prevención y Protección por la población desplazada anunció refuerzo de medidas para proteger a los líderes de desplazados que luchan por recuperar un derecho que las propias derechas del mundo han defendido a ultranza a lo largo de la historia: la propiedad.
El crimen de Ana Fabricia hace parte, tal vez, de un plan de exterminio de los desarraigados que reclaman, y puede hacer parte ahora, tal vez, de una guerra contra la ley que los protege, norma histórica con poder de Estado que en este país busca dar fuerza a lo que hasta hoy sólo impotencia ha sido.
Luis Alirio Calle M.
@luisaliriocalle
