Bogotá, 14 mar (EFE).- La Corte Constitucional de Colombia admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada por congresistas y organizaciones no gubernamentales (ONG) contra la reforma del Fuero Militar aprobada en el Congreso y promulgada por el presidente Juan Manuel Santos, en diciembre pasado.
Este tribunal aceptó el reclamo en un auto dado a conocer hoy a las partes y promulgado el pasado 11 de marzo con ponencia del magistrado Nilson Pinilla, informó la oficina de comunicaciones de uno de los demandantes, el legislador izquierdista Iván Cepeda.
De este modo, el Constitucional estudiará si la nueva Justicia Penal Militar de Colombia, que se hará cargo de las infracciones que miembros de las fuerzas de seguridad del Estado cometan en actos de servicio al violar el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que regula la guerra, se ajusta a la Carta Magna.
La demanda fue radicada el pasado 19 de febrero por los congresistas Iván Cepeda, Germán Navas, Ángela María Robledo y Guillermo Rivera, los juristas Ramiro Bejarano y Santiago Medina, la ONG Comité de solidaridad con los presos políticos y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).
Los demandantes alegan que existieron vicios de forma en el proceso de formación del Acto Legislativo número 02 de 27 de diciembre de 2012 y que se violó el principio de unidad de materia.
Y aseguran además que el Congreso, al aprobar la ampliación del Fuero Penal Militar, "hizo caso omiso a las cifras sobre impunidad, que es de 98 % en los casos de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos cometidos por agentes del Estado en Colombia", agregó el comunicado de Cepeda.
También manifiestan que el Legislativo desatendió todas las advertencias provenientes de la Corte Penal Internacional, del Sistema Internacional de Derechos Humanos de la ONU, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de organizaciones como Human Rigths Watch.
Añaden que "la ampliación del Fuero Militar constituye un riesgo para un país en guerra como Colombia, en donde la impunidad llega a cifras tan altas y donde miles de jóvenes han sido víctimas de acciones militares, mal llamadas falsos positivos", reseña el comunicado.
"Esta reforma claramente incorpora vicios de inconstitucionalidad y nos pone en el ojo del huracán frente a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos", concluyen.