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De acuerdo con la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU, la mayoría de los contratos se empezaron a realizar por debajo de los $10.000 millones y después lo que se hacía era designar adiciones, lo que terminó sucediendo con un renombrado proyecto.
“Entre los que nos encontramos y más relevantes nosotros en este momento, se procedió con la denuncia fue el deprimido de la 34, un contrato que, según presupuesto, valía más de 34 mil millones”, indicó Luz Ángela González, gerente de la EDU.
El contrato para la ampliación de la segunda calzada de la avenida 34, paso a desnivel con la Loma de los González se estableció por $9.886 millones. Sin embargo, este contrato tuvo terminación anticipada el 15 de febrero de 2024. Esto por situaciones evidenciadas que impedirían la correcta ejecución del contrato.
En otro contrato para el mantenimiento de los colegios de Altavista y San Antonio de Prado se adjudicó por $6.704 millones. Para la vigencia 2023, salieron 24 contratos de obra. Ninguno excedía los $10.000 millones.
“Digamos que ese era el modus operandi para después poder adicionarlo, se adicionaba en un más de 50 %, entonces, la verdad era un modo de contratar muy cerrado donde no había una participación de las empresas del sector”, agregó González.
Para los expertos, sin bien estos procesos están contemplados en la normatividad, sobre todo en empresas industriales y comerciales del Estado, se puede interpretar una doble vía.
En el borrador del nuevo manual de contratación están estipulados los nuevos topes, donde el techo pasaría a $3.900 millones.
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