El helicóptero Black Hawk derribado es la pieza clave para el ingreso de Estados Unidos a la investigación por el atentado que dejó trece policías asesinados en la vereda Los Toros de Amalfi el 21 de agosto pasado.
Otras noticias: Este es el cartel de los presuntos responsables de atentado en Loreto
La aeronave servía a la Policía Antinarcóticos, pero estaba en comodato, pues pertenece al gobierno norteamericano.
“La semana anterior hubo una visita del FBI, el helicóptero pues hace parte de los inventarios del gobierno de los Estados Unidos y precisamente están verificando si solicitan órdenes de extradición para los integrantes del 36 que generaron la afectación”, señaló el general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana.
“Y teniendo en cuenta los hechos es totalmente viable que soliciten extradición a estas personas que cometieron el atentado contra el helicóptero, es más tenemos un caso concreto fue de unos taxistas en Bogotá que mataron a un norteamericano, eso hace años, estos fueron extraditados también”, explicó Edgar Andrés Tobón, abogado penalista y docente de la Universidad de Medellín.
Los investigadores del FBI ya recolectaron información que podría generar una solicitud de extradición de cuatro de los cinco implicados en este acto terrorista cometido por las disidencias del frente 36 de las Farc: alias “Chejo”, principal cabecilla, alias “Guaricho”, alias “Primo gay” y alias “Barbas”, porque alias “Guillermino”, explosivista que habría ejecutado, fue abatido esta semana en campamento. El tratado de extradición está vigente desde marzo de 1982.
Vea también: Refuerzan seguridad en Medellín tras acto terrorista con cerca de 500 uniformados
“Delito que se cometió acá tiene que ser delito allá o viceversa, entonces estamos hablando de actos de terrorismo, en Estados Unidos podemos llamar conspiración para el terrorismo, Estados Unidos si lo ve viable realizará una nota verbal por intermedio de la Cancillería”, agregó Tobón.
A pesar de que eventualmente se eleve la solicitud de extradición y tenga el visto bueno de la Corte Suprema, la decisión final es discrecional del presidente de la república.