El funcionario deberá responder por presuntamente haber incumplido su deber de velar por la integridad personal y el respeto de los derechos fundamentales a la salud de un interno al desconocer su estado médico, hechos que ocurrieron en 2014.
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A Flórez también se le cuestiona por presuntamente, desconocer una decisión judicial de febrero de ese mismo año, que ordenaba gestionar que las enfermedades del interno fueran atendidas por médicos especialistas.