En Colombia desde 2006 la Corte Constitucional legisló sobre la interrupción del embarazo, despenalizándolo en tres situaciones: cuando representa riesgo para la madre, cuando es producto de una violación o incesto, o cuando hay malformaciones en el feto. La sentencia constitucional ordenó además hacer pública la información sobre ese derecho sexual y reproductivo. En ese sentido, se enmarca la campaña de Profamilia por el aborto seguro, que ha generado oposición de grupos antiaborto.
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