La Fiscalía desmanteló dos supuestas cooperativas que eran utilizadas como fachada para darle legalidad a oro que estaba siendo extraído de manera ilegal. Tomaban nombres y registros de mineros artesanales para obtener los soportes y así poder vender el mineral.
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“La investigación se originó en Medellín con la captura de dos hombres que transportaban más de tres kilos del mineral que no fueron soportados legalmente”, indicó Jorge Iván Caro Gómez, director especializado de extinción del derecho de dominio.
Los puntos donde era comercializado están en Medellín, Cañasgordas, Remedios, Vegachí y Santa Fe de Antioquia. Otros en Caldas, Chocó y Bolívar, generando millonarios recursos ilegales que presuntamente financiaban a una estructura criminal.
“La Fiscalía impuso medidas de embargo sobre 35 bienes distribuidos en nueve establecimientos de comercio, dos sociedades, dos vehículos, 21 lingotes de oro y un título judicial”, agregó Caro.
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Como resultado de la investigación sobre las supuestas cooperativas, la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión de dichos bienes avaluados en más de 12.000 millones de pesos incautando 37 inmuebles.
