La Defensoría del Pueblo pide ajustar la política pública de retornos y reubicaciones de comunidades étnicas, debido al desplazamiento forzado de esta población. Por lo pronto, se generarán mesas de trabajo del Gobierno Nacional y distrital con los líderes indígenas.
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Con las problemáticas evidenciadas a través del proceso organizativo en Bakatá, donde hay comunidad indígena embera, la Defensoría del Pueblo acompañará las mesas de trabajo para reiterar la molestia del no cumplimiento del protocolo de los derechos humanos.
Carlos Camargo, defensor del pueblo, comenta que "como parte del Ministerio Público hemos puesto en evidencia muchos bloqueos institucionales y prácticas constitucionales que afectan a la población víctima del conflicto armado. Aunque a principio de año mediante la resolución 027, la Unidad para la Unidad y Reparación Integral para las Víctimas emitió un protocolo, este no fue efectivo."
En el país están en vigor la Ley 387 de 1997, 1448 de 2011 y el Decreto 4633 de 2011, se ha venido realizando un seguimiento a la atención de estas comunidades en los diferentes territorios del país.
Es por esto que la Regional Bogotá y sus delegados para la Prevención de la Conflictividad y para los Asuntos Étnicos, estará acompañado el diálogo en el Puesto de Mando Unificado donde se abordará el tema de alimentación, educación, salud, garantía de retorno, actos de reconciliación y otros puntos.
