Entre los 11 focos de atención humanitaria, una de las regiones que más preocupa a la Defensoría del Pueblo es Chocó, pues, desde el 4 de febrero se han registrado combates entre el ELN y el Clan del Golfo en la zona del San Juan, además, se ha reportado la presencia de disidencias a cargo de alias 'Mordisco', la zozobra por un paro armado tiene en vilo nuevamente al departamento.
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“Un nuevo paro armado de 72 horas fue anunciado por el ELN desde el próximo martes 18 de febrero. En este contexto se han registrado confinamientos tras la orden de suspensión de la navegación en la zona, así como la presencia de minas antipersona cerca de caseríos y de escuelas”, señaló Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo.
“El departamento del Chocó hoy está minado, las minas antipersonas están prácticamente en el 80 % del territorio. La gente no puede ir a cultivar, los chicos menores de edad están hoy sin piernas, y el combate se da a metros de la casa, a metros de la escuela, a metros de la comunidad”, indicó Nubia Carolina Córdoba, gobernadora de Chocó.
Para la Defensoría, la reacomodación y los pactos de coexistencia de grupos armados ha provocado, solo este año, el desplazamiento de 5 mil personas y el confinamiento de otras 12 mil. Nariño, Cauca, el Pacífico vallecaucano, la Sierra Nevada, la serranía Perijá, así como el norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueño son algunas zonas de las que más preocupan.
“Este panorama tristemente es el reflejo de la expansión y fortalecimiento de los grupos armados ilegales de los últimos 5 años. El grupo armado que más se ha expandido ha sido el Clan del Golfo, pero, todos los grupos armados se han fortalecido”, agregó la defensora del pueblo.
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De acuerdo con las estimaciones de la Defensoría, la influencia de grupos armados alcanza el 73 % de los municipios del país, es decir, unos 809 de ellos. La Defensoría pidió implementar acciones inmediatas que prioricen la protección de las comunidades afectadas y a la comunidad internacional mantener y fortalecer su apoyo a las iniciativas humanitarias y exigir el respeto a los derechos de las personas y comunidades en riesgo.
