La Defensoría del Pueblo presentó la alerta temprana electoral 2025-2026 con base en el análisis a los 1.102 municipios del país, clasificando el nivel de acción requerido por parte de las autoridades. En Antioquia hay dos municipios en riesgo extremo.
De los 178 municipios que conforman el noroccidente del país, y que están ubicados en Antioquia, Córdoba y Chocó, el 5,6% se encuentra en fase de llamado a la acción inmediata, 21,3% en acción urgente, 36% en acción prioritaria y 37,1% en observación permanente.
Las categorías clasificadas por la Defensoría del Pueblo llaman a la acción por parte de las autoridades en cada territorio, en el marco de las elecciones que se desarrollarán entre 2025 y 2026.
“El carácter de la alerta temprana es eminentemente preventivo, de riesgos de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que afecten los derechos políticos incluyendo de poblaciones específicas, no solo la población política, servidores públicos y población general que participa en el proceso electoral”, explicó Iris Marín, defensora del pueblo.
En Antioquia, la presencia de grupos armados como el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las Farc y los grupos del crimen organizado, agudizan aún más el riesgo de llevar a cabo los procesos electorales con normalidad.
“Si el Gobierno no suspende todas las negociaciones que tienen ricos, popochos a los criminales de distinto pelambre, va a ser muy difícil que a punta de corazón y de valor de soldados y policías y de lo que nosotros dispongamos desde las autoridades regionales garanticemos ese proceso”, afirmó Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia.
Según la Defensoría, en el Valle de Aburrá, la población con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas está expuesta a estigmatización, discriminación y riesgo de violencia directa, lo que limita la posibilidad de que desarrollen agendas propias en el proceso electoral.
