La abogada Marta Fernández aseveró que "hay inconformidad" porque su patrocinado, excomandante del Batallón "Rafael Reyes", fue condenado por "una omisión, pero no se dice ni siquiera cuál fue el acto que omitió el coronel".
La abogada de uno de los ocho militares condenados el viernes por una jueza de Bucaramanga a penas de entre 28 y 55 años de cárcel por un caso de "falsos positivos" ocurrido en 2008 anunció hoy que apelará la sanción de su defendido, el teniente coronel Javier Castro Muñoz.
La abogada Marta Fernández aseveró en Caracol Radio que su defendido "actuó dentro de los parámetros de la ley. No existe una sola prueba que comprometa la responsabilidad de él en los hechos que investiga el despacho y por los cuales se emitió una sentencia condenatoria", consideró la letrada.
Además, indicó que es imposible que el comandante de un batallón conozca cada movimiento que hacen sus soldados.
Por ello, Fernández elevará el recurso de la pena impuesta al oficial ante el tribunal superior de Bucaramanga en una fecha que no ha sido determinada.
El fallo conocido ayer condena a ocho militares colombianos a penas de entre 28 y 55 años de cárcel, al considerar probada su responsabilidad en la muerte en marzo de 2008 de los jóvenes Andrés Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez, dos de los casi veinte jóvenes de la localidad de Soacha, vecina a Bogotá, desaparecidos a comienzos de ese año.
Pesca Olaya y Garzón Páez fueron trasladados desde la capital colombiana a una zona fronteriza con Venezuela supuestamente contratados, bajo engaños, para hacer trabajos agrícolas.
Los cuerpos de los dos jóvenes fueron encontrados en marzo de 2008 en una zona rural de Cimitarra (Santander, noreste), y presentados entonces como presuntos secuestradores del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fallecidos en combate.
En la lectura del fallo, la magistrada consideró que los militares "ejecutaron actos atroces que no tenían relación alguna con su servicio" y relató que cuando los cadáveres fueron hallados presentaban ropas limpias en un terreno enfangado, por lo que "la escena fue creada y no existió ningún combate".
La jueza tercera del Circuito Especializado de Bucaramanga señaló que aparte del coronel Castro Muñoz deberán pagar con una pena de 55 años de cárcel el teniente Eduardo Villani Realpe, el sargento Eduardo Ñiámpira Benavides y el soldado profesional Juan Carlos Álvarez.
De otro lado, el soldado Guillermo Pacheco fue sentenciado a 29 años, mientras que los también soldados profesionales Nelson Ospina Tavarel, Venancio Puente Guapacha y Germán Augusto Oliveros fueron condenados a 28 años de cárcel cada uno.
Desde mediados de 2008 se iniciaron las denuncias en Colombia de numerosos casos de desaparecidos o de muertes que, a la postre, se estableció fueron ejecuciones extrajudiciales o "falsos positivos".
Se trata de una práctica con la que miembros del Ejército presentaban estas ejecuciones como "bajas en combate" para obtener dádivas y permisos especiales.
Desde ese mismo año se han denunciado unos 2.000 casos en los que hay involucrados 1.487 militares y de ellos casi un centenar han sido sentenciados ya a penas de prisión.
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