En 2013, Nicolás Maduro sucedió a Hugo Chávez. Desde ese año mantuvo la dictadura y fue el responsable de persecuciones políticas y militares.
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Por más de dos décadas utilizó su posición de poder, para corromper instituciones del Estado venezolano y coordinar, proteger y facilitar el movimiento de cargamentos de cocaína en lo que hoy se conoce con el cártel de los soles.
Defensores de derechos humanos han denunciado persecuciones políticas, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual, cometidas por fuerzas estatales y grupos progubernamentales.
“Era una democracia controlada porque controlaban el poder ejecutivo, legislativo y judicial era un Estado fallido, un Estado que no era democrático, pero hace un año cuando se convoca a elecciones, pues Nicolás Maduro lo que hace es unas elecciones simuladas, inhabilita a María Corina”, indicó el coronel (r) Carlos Javier Soler, abogado y asesor de seguridad.
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La Misión Internacional de la ONU resalta la necesidad de garantizar justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura atribuidos al régimen venezolano.
La Corte Penal Internacional mantiene desde 2018 una investigación formal, denominada “Situación Venezuela”, por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos desde 2014.
Las últimas historias alrededor de Maduro lo describen como una persona obsesionada con su seguridad, que cambiaba constantemente de lugar para dormir o de teléfono y se apoyaba en Cuba para reforzar su seguridad.
