La Corte Constitucional ratificó la ilegalidad del servicio que presta la plataforma Uber.
Este anuncio surgió luego de que el Ministerio de Transporte argumentara que si hay reglamentación para el transporte individual de lujo e incluso para las plataformas que apoyan la labor de estas empresas.
El debate de Uber se abrió cuando:
El debate se abrió nuevamente cuando dos conductores que prestan este servicio interpusieran una tutela alegando que su derecho al trabajo estaba siendo vulnerado cada que sus vehículos eran inmovilizados.
La Corte no aceptó los argumentos puesto que Uber no aplica las normas actuales para poder ser autorizado por el Ministerio.
Al respecto, Uber presentó su posición oficial ante este caso:
Hemos tenido conocimiento de una sentencia de tutela proferida por la Corte Constitucional en octubre del año pasado. Las acciones fueron presentadas por dos socios conductores que usan la aplicación. Contrario a lo que algunos medios han manifestado, la Corte no declaró ni se
pronunció, en aparte alguno de su sentencia, sobre la supuesta “ilegalidad” de la aplicación.
La Corte se limitó a recapitular las pretensiones y argumentos de los intervinientes en el proceso sin adoptar una posición de fondo, declarando únicamente la improcedencia de la tutela como mecanismo procesal para obtener tales pretensiones.
Reiteramos nuestra permanente disposición para buscar vías de diálogo con el Gobierno para la creación de una regulación específica, distinta a la existente, que desarrolle y fomente el uso de alternativas de movilidad, y que tenga como principio fundamental privilegiar el bien común de millones de ciudadanos.
