De acuerdo con la investigación de la Contraloría, en el año 2022 se adelantó un contrato interadministrativo entre la Secretaría de Participación Ciudadana y Plaza Mayor en el cual estarían relacionados presuntos pagos sin justificación técnica ni evidencias de ejecución dentro del contrato.
El ente de control señaló que se detectaron pagos al concepto de registro fotográfico que no tiene los debidos entregables y soportes y además incumplía las condiciones del tarifario distrital.
El proceso vincula a 4 exfuncionarios que figuran como supervisores entre julio de 2022 y enero de 2023.
La Contraloría otorgó un plazo de 15 días para entregar toda la documentación solicitada.
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