En Antioquia, Córdoba y Chocó se han sometido a la justicia 58 integrantes de grupos armados organizados como una oportunidad para el retorno a la legalidad, integrantes de los grupos Clan del Golfo, Los Caparros y residual ELN se han acogido al decreto 128 del 2003.
Esta política de inclusión busca brindar una oportunidad de retorno a la legalidad a las personas que por diferentes motivos integran los grupos armados, a través de este decreto estas personas obtendrán beneficios para ellos y su núcleo familiar.
Estos beneficios contemplan la ayuda inmediata en la alimentación, vestuario, atención básica en salud, alojamiento, transporte, atención psicosocial y medidas de protección y seguridad.
Así mismo, con el apoyo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización podrán obtener un beneficio de hasta ocho millones de pesos para el desarrollo de proyectos personales que los conduzcan al retorno a la legalidad. Con la Fiscalía General de la Nación podrán obtener beneficios jurídicos por los conceptos de colaboración útil y eficaz a la justicia.
