El viernes, posiblemente, el presidente Gustavo Petro firmará el decreto para convocar la consulta popular, sin embargo, su camino legal es incierto, ya que enfrenta una serie de procesos judiciales y políticos que podrían frenar o incluso anular su ejecución.
La principal incógnita sobre el futuro de la consulta popular recae en la decisión que tomará el registrador nacional, Hernán Penagos, ya que deberá definir si acata o no el decreto presidencial que la cita.
En caso de acatarlo, estaría obligado a expedir el calendario electoral y a solicitar los recursos necesarios para su organización, estimados en 750 mil millones de pesos.
“Tiene que pasar primero por el Senado de la República. Si existió un vicio, se puede mandar, además el presidente puede volver a proponerlo ante el Senado de la República, tantas veces considere, lo que pasa es que los tiempos no le dan”, explicó Olmer Muñoz, politólogo y docente de la Universidad Pontificia Bolivariana.
Desde el Congreso, la oposición a esta iniciativa ha sido contundente. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que, en caso de que el presidente firme el decreto, será demandado de inmediato ante el Consejo de Estado.
Otros sectores plantean que debe ser la Corte Constitucional quien emita el concepto de favorabilidad o no. La decisión que tome esta entidad será de obligatorio cumplimiento para el ejecutivo.
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