Varias horas después de los hechos protagonizados por “los urabeños” y que paralizaron más de 70 municipios, el país se pregunta cómo enfrentar este complejo fenómeno delincuencial, criminal y narcotraficante.
El 7 de febrero de 2011, el Gobierno Nacional, en cabeza del entonces ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, puso en marcha el más ambicioso plan de lucha contra las bandas criminales (bacrim) denominado D6: desarticular, desmantelar, disuadir, denegar, direccionar, difundir.
Se trataba, según palabras del propio Rodrigo Rivera, de capturar a los máximos cabecillas de las bandas criminales y desmantelar estas estructuras surgidas luego del proceso de desmovilización de los bloques de Autodefensas y que paulatinamente se fueron convirtiendo en la principal amenaza contra la seguridad nacional.
Casi un año después, el país se pregunta qué tan efectiva ha sido esta estrategia, mucho más después de los hechos ocurridos el jueves pasado, donde las intimidaciones proferidas por “los urabeños” tras la muerte de su máximo líder paralizaron más de 75 municipios colombianos.
Pero sobre todo, el mayor interrogante y la preocupación es cómo enfrentar a estas estructuras que, hoy por hoy, pueden poner en jaque la institucionalidad. EL MUNDO quiso conocer la opinión de diversos analistas al respecto y esto fue lo que encontró.
Depuración: lo primero
Según León Valencia, director de la Corporación Nuevo Arco Iris, la estrategia de lucha contra las bacrim ha fallado simple y llanamente por constituir copia del modelo utilizado para debilitar a las guerrillas.
“Y este es un fenómeno criminal distinto. Para comenzar, está muy arraigado en las ciudades capitales, en los centros de producción. Eso requiere mucha labor de inteligencia, de coordinación y de depuración de las Fuerzas Militares”, acotó Valencia.
Y es que para el director de la Corporación Nuevo Arco Iris, la presunta connivencia entre sectores de la legalidad con las bandas criminales es lo que ha permitido su expansión en las regiones.
“Una organización de este tipo no se conforma de un día para otro. Estas organizaciones crecen por los auspicios, las conexiones políticas, entre otras”, dijo Valencia quien añadió que las tareas fundamentales para enfrentar a las bacrim pasan por la depuración de los cuerpos de seguridad del Estado, la creación de unidades élite y reforzar la inteligencia policial.
Con fuerza militar
Por su parte, Alfredo Rangel, analista político, señaló que el Gobierno Nacional debe abandonar la idea de enfrentar el reto que plantean las bacrim solo con efectivos de la Policía, pues no se está frente a un fenómeno netamente criminal.
“El Ejército también debería entrar a combatirlos, como hizo con la guerrilla”, aseguró Rangel, quien compartió la propuesta hecha por el expresidente Álvaro Uribe, de bombardear sus campamentos. “Estos son grupos organizados, con armas de asalto, con dominio territorial, aliados con la guerrilla. Eso amerita aplicarles toda la fuerza militar del Estado”.
Pero, pese a lo anterior, el analista conceptuó que el flagelo de las bandas criminales es mucho menor a lo que representaron en su momento las Autodefensas o las mismas guerrillas, por lo que, a su juicio, no puede considerarse este fenómeno como un fracaso de la desmovilización de las Auc.
“El surgimiento de estos grupos demuestra la pervivencia del narcotráfico, no el fracaso de la desmovilización”, sentenció Rangel.
De otro lado, el personero de Medellín, Jairo Herrán Vargas, resume la acción que debe adelantar el Estado contra las bacrim en la siguiente frase: “Más inteligencia policíal, más efectividad en la judicialización y más acompañamiento a las comunidades. Ahí está la clave”.
Antecedentes
El 1 de julio de 2010, luego que un Juez de Control de Garantías de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, ordenara dejar en libertad por malos procedimientos a Óscar Mauricio Galvis Agudelo, alias "pantera", jefe de sicarios de la banda "los paisas", el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, promulgó el Decreto 2374 que creó la Comisión Interinstitucional contra las Bandas y Redes Criminales.
Dicha Comisión, en la que tendrían asiento la Fuerza Pública, la Fiscalía, el CTI y demás cuerpos de Policía Judicial, buscaba mejorar el trabajo de judicialización de los integrantes de estas estructuras y, para ello, planteó la necesidad de tener jueces y fiscales antibacrim.
Lo novedoso del Decreto fue la aceptación implícita que hizo el gobierno Uribe del fenómeno, hasta ese momento minimizado por el Alto Gobierno. En él se define a las bacrim como "organizaciones de carácter multidelictivo, independientes una de otras, carentes de ideología, están ubicados en zonas rurales, tienen armas de guerra y buscan custodiar y disputar zonas claves para el narcotráfico".
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