Como se había anunciado, a partir de ayer comenzaron las consultas a las comunidades negras, indígenas y raizales del país, sobre el proyecto de Ley de Desarrollo Rural que está impulsando el Gobierno.
Las reuniones, encabezadas por los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y del Interior, buscan socializar el contenido, los alcances y los efectos sobre estas comunidades de la futura ley.
La propuesta tiene como fin, según el presidente Juan Manuel Santos, que se “complemente la ley de tierras y se convierta al campo en fuente de prosperidad y no de pobreza y violencia”, logrando así reducir la pobreza en el campo. Para lo cual, se busca asegurar el buen uso de la tierra y transformar su estructura productiva, llegando a unas 225 mil familias de las zonas rurales.
Las ventajas
Mauricio Alviar, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia, explicó que el proyecto tiene varios componentes interesantes, como el de la perspectiva de género, por la importancia de la mujer en la vida rural, tanto en el hogar como en las unidades productivas.
Otro aspecto novedoso, es lo forestal, “que ha sido un tema muy esquivo desde el Estado y cuando el Gobierno reconoce que la reforestación no ha pasado de 400 mil hectáreas habiendo un potencial de casi 20 millones, me parece que también puede ser un punto importante para el desarrollo de este sector que es clave para Colombia”.
El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, dijo además que se “establecerá un paquete de incentivos para mejorar los usos del suelo”, como líneas de crédito para reconversiones productivas, apoyos a los productores que se vinculen a programas de cambio en usos de la tierra, mejoras en la asistencia técnica para el cambio de usos, inversiones en riego y adecuación productiva para los nuevos usos.
Frente a la aceptación de esta propuesta por parte de las comunidades, Carlos Augusto Salazar, gerente Indígena de Antioquia, aseguró que “uno diría que los indígenas en alguna medida ya avalaron ese proyecto, ya que no lo demandaron por no consultarlos antes”, o porque consideran que son leyes de interés nacional y en una primera revisión no le encontraron afectación negativa para su comunidad.
Finalmente, Alviar dijo que si se presentan trabas o no, dependerá de cómo el Gobierno le presente el proyecto a las comunidades rurales y que se superen los vicios de trámites que se presentaron con el anterior proyecto, el cual fue declarado inconstitucional por no consultarles a estos grupos étnicos .
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