Bogotá, (EFE). La relación entre Colombia y Nicaragua camina hacia un distanciamiento mayor con el nuevo paso dado por el país centroamericano en el litigio marítimo en el Caribe, que llevó al Gobierno colombiano a llamar a consultas a su embajadora en Managua.
El diferendo, que durante la mayor parte del siglo XX estuvo latente en la relación bilateral, se activó en diciembre de 2001 con la decisión de Nicaragua de acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en busca de una nueva frontera marítima que reemplazara el meridiano 82, establecido como tal por el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, que Managua no considera válido.
La CIJ, con sede en La Haya, confirmó en 2007 la soberanía de Colombia sobre las islas mayores del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y hace un año lo hizo con siete cayos vecinos, pero modificó los límites al conceder a Nicaragua una porción de mar al este del paralelo 82 que según Colombia es de 75.000 kilómetros cuadrados y según Nicaragua de 90.000.
Esa sentencia, lejos de ser salomónica, ha aumentado la tensión entre los dos países, hasta el punto de que Colombia llamó el miércoles a su embajadora en Managua, Luz Estela Jara, tras la decisión de Nicaragua de presentar una nueva demanda ante la CIJ, que se suma a otra de septiembre pasado.
La ministra colombiana de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, lamentó que sea "imposible tener un diálogo con Nicaragua", país que, según explicó, prefiere recurrir siempre a la Corte de La Haya en vez de conversar directamente con Colombia.
El argumento de Nicaragua es que Colombia ha incumplido la sentencia de la CIJ del 19 de noviembre de 2012 que modificó los límites, y ha amenazado con el uso de la fuerza en la zona.
El Gobierno nicaragüense alega además que ha dejado clara su disposición a discutir la aplicación de la sentencia de La Haya y a gestionar la situación de forma pacífica, pero Colombia "ha rechazado el diálogo".
Colombia ha reiterado que no desconoce el fallo de la CIJ ni a ese tribunal, sino que simplemente la sentencia es "inaplicable" hasta que se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos y que deberá ajustarse a la Constitución nacional.
El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha manejado el caso con prudencia y diplomacia, pero cada vez son más las voces que piden una respuesta más enérgica para frenar lo que el propio mandatario ha calificado de "ánimos expansionistas de Nicaragua" en el Caribe.
Colombia denunció hace un año el Pacto de Bogotá, instrumento que reconoce la jurisdicción de la CIJ en los países americanos, y Santos pidió a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre si ese tratado se ajusta o no a la Carta Magna, pero no ha pasado de lo que el analista político Vicente Torrijos, profesor de la Universidad del Rosario de Bogotá, llama "declaracionismo que no resuelve nada".
Expertos en el tema, como la excanciller Noemí Sanín, defienden que Colombia pida una revisión de la sentencia de la CIJ porque consideran que hay hechos nuevos para hacerlo, mientras otros van más lejos y reclaman una ruptura de relaciones, posibilidad que este miércoles volvieron a esgrimir miembros del Congreso.
"La diplomacia colombiana no puede ser atropellada por fuerzas intrusas y por ello como senador de la República, exijo que elevemos el tono de los mensajes ante las agresiones de Managua", manifestó el congresista Efraín Cepeda Sarabia, del Partido Conservador.
Otro senador, el liberal Guillermo García, calificó de "actitud agresiva, absolutamente desmedida y grave" la nueva demanda de Nicaragua, y también planteó la posibilidad de una ruptura de relaciones.
Pese a que la inmensa mayoría de los colombianos rodea al Gobierno en la defensa de la soberanía y la integridad territorial, elevar el tono en el litigio con una ruptura de relaciones puede perjudicar la imagen de un país que se precia de ser respetuoso de la ley en todas sus dimensiones.
Desde el fallo de la CIJ, Nicaragua ha autorizado a terceros países, entre ellos Estados Unidos y Rusia, a participar en operaciones y maniobras en las aguas en disputa, lo que no deja de causar inquietud en Colombia dado que el primero es un tradicional aliado suyo en el campo político y militar.
Santos visitará la próxima semana en Washington a su homólogo estadounidense, Barack Obama, y aunque el tema de Nicaragua no está en la agenda, hay quienes no descartan que se trate en esa reunión pues al fin y al cabo al Gobierno debería preocuparle el súbito acercamiento de Nicaragua al aliado natural de Colombia en la región.
