Bogotá, 11 mar (EFE).- Un juez de la ciudad colombiana de Villavicencio, en el departamento del Meta (centro), restituyó a cinco familias desplazadas por paramilitares, un total de 8.408 hectáreas, la mayor extensión territorial concedida por vía judicial desde la implementación de la Ley de Víctimas en enero de 2012.
Así lo confirmó a Efe el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, quien aseguró que de las 32 sentencias emitidas hasta ahora "esta es la que más hectáreas ha restituido a los campesinos".
El fallo, emitido el pasado 5 de marzo y al que hoy tuvo acceso Efe, refleja que estas cinco familias del mismo origen, "fueron víctimas de desplazamiento forzado y obligados a abandonar sus tierras a causa del conflicto armado en el año 1997, por lo que de conformidad con lo previsto en la ley son titulares del derecho a la restitución".
Se trata de cinco predios ubicados en la zona de Tillavá, en el municipio de Puerto Gaitán del departamento del Meta (centro) que antiguamente formaban parte de una única propiedad de 10.000 hectáreas, usurpadas por paramilitares en 1997, época en la que el documento verifica incursiones armadas de estos grupos en la zona.
A partir de la década de los ochenta, el municipio ha estado ligado a la violencia propia del conflicto armado interno que vive el país desde hace medio siglo, con enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el grupo paramilitar Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada (ACMV) por el control del territorio y el cultivo de la hoja de coca.
Sabogal celebró el fallo judicial por considerarlo "innovador" tanto en el número de hectáreas restituidas, como en el contenido, en el que por primera vez también se especifica la disposición de "sitios especiales de atención en temas de género" con el fin de "garantizar a las mujeres, sujetos de especial protección, la no repetición".
Asimismo, la sentencia ordena la adopción de "medidas tendientes a la no discriminación y exclusión que permitieron la comisión de ciertos crímenes en su contra", como el acceso a beneficios de crédito y adjudicación de vivienda rural, educación, capacitación y recreación que vayan más allá del retorno material.
"Esta ley se hizo para tener una eficacia real y aplicarse a lo largo de este país", defendió Sabogal, quien declaró que actualmente el proceso judicial es de entre 8 y 12 meses, entre los que se incluye un período de investigación por parte de la Unidad, en el que se recoge el testimonio de los reclamantes y se recopilan pruebas que después son presentadas ante el juez.
"Estos pleitos en el pasado duraban 15 años y eso cuando la gente iba ante un juez a interponer las reclamaciones, porque en la mayoría de los casos no lo hacían por temor", explicó y añadió que "lo que hace la unida es entregarles toda la información y representarlos ante el juez de forma gratuita".
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en vigor desde enero de 2012 y con una vigencia de diez años, contempla asimismo el retorno de tierras por vía administrativa a través del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).
