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Bogotá, 16 abr (EFE).- El vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, reconoció hoy que el país todavía debe superar retos en Derechos Humanos como la desigualdad social, la impunidad judicial o el hacinamiento carcelario, y admitió que el Estado debe pedir perdón a todas las víctimas del conflicto armado.
Así lo aseguró en la presentación del segundo informe para el Examen Periódico Universal (EPU), que cada cuatro años los países miembros de las Naciones Unidas presentan ante el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, para evaluar su situación en la materia.
Colombia está citada en la capital suiza el próximo 23 de abril, donde deberá defender el informe presentado ante el Consejo en enero pasado y al que se sumarán dos más elaborados por las Naciones Unidas en los que se incluyen las opiniones de más de 40 organizaciones de la sociedad civil.
"En nombre del Gobierno nacional, lo que tenemos que hacer en Ginebra es utilizar la palabra perdón a las organizaciones y la sociedad civil por todas las violaciones de los derechos humanos en nuestro país y decirles que la política del Estado colombiano tiene que ser cero tolerancia con el crimen", declaró.
"No se trata de que nosotros vayamos allá a decirles que es el país de las maravillas, vamos a reconocer algunos desafíos que tenemos muy grandes", añadió.
Entre ellos, el vicepresidente colombiano destacó la impunidad judicial como el mayor reto para avanzar en la paz y la reparación a las víctimas, uno de los hitos del Gobierno de Juan Manuel Santos, que el pasado noviembre inició en La Habana negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Garzón denunció la pasividad de jueces y fiscales ante las investigaciones legales y sentencias condenatorias por crímenes y vulneraciones de derechos humanos y, aunque aseguró respetar la independencia del poder judicial, recordó que solo ellos pueden actuar en casos de condena.
"Hoy en Colombia los únicos que pueden investigar y mandar criminales a la cárcel son los fiscales y jueces, nadie más, y por lo tanto tienen que ponerse las pilas, investigar más y mandar más criminales a la cárcel. La impunidad es la falta de la pronta justicia", sentenció.
En la misma línea condenó el hacinamiento carcelario como "un factor de vulneración de derechos humanos" y denunció que "si los jueces cumplieran con la ley, más de 20.000 personas estarían por fuera de las cárceles" ya que actualmente hay presos "sin haber sido condenados o que ya están con la pena cumplida".
La desigualdad social fue otro de los desafíos del país que Garzón destacó como prioritarios, después que el Banco Mundial clasificara a Colombia como el séptimo país más desigual del mundo y el segundo de América Latina.
Por su parte, el representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, insistió en su preocupación por los asesinatos a líderes de comunidades rurales y reconoció que, a diferencia del Gobierno, la sociedad civil es mucho más "severa" con la exigencia de aplicación real de las políticas públicas a nivel local.
Aún así reconoció que en la ONU ya se habla del "modelo colombiano", es decir, "un país que reconoce que hay retos bastante grandes pero con una interacción franca con el Sistema Internacional de Derechos humanos de la ONU".
El vicepresidente añadió que el próximo 29 de abril viajará también a París, donde solicitará el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una petición que, a su juicio, supone someterse a las exigencias que este organismo impone a los países miembros en materia de derechos humanos y laborales.
