Bogotá, 24 ene (EFE).- El Gobierno de Colombia firmó hoy dos decretos que otorgan beneficios tributarios a las empresas que contraten a mujeres víctimas de la violencia, al tiempo que garantizan las condiciones para su alojamiento, salud y transporte cuando estén en riesgo.
Los ministros de Justicia, Ruth Stella Correa; de Trabajo, Rafael Pardo, y de la Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, presentaron en la sede de la Presidencia, la Casa de Nariño, estas medidas recogidas en los decretos 2733 y 2734, que hacen parte de la Ley 1257 de 2008.
"Para el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos la prevención de la violencia contra la mujer es una prioridad", señaló la Alta Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Cristina Plazas, quien también participó en el acto.
Plazas resaltó que "muchas" mujeres no denuncian al agresor porque "dependen económicamente de él o porque su vida corre peligro", por lo que era necesario contar con medidas como las creadas, que facilitan protección a las víctimas para frenar su situación y conseguir un trabajo.
El decreto 2733 establece que las mujeres deberán probar su situación con sentencias condenatorias dictadas después de 2008 por violencia intrafamiliar, acoso sexual o lesiones personales, y podrán ser contratadas por las empresas beneficiarias por un periodo máximo de tres años.
"El monto de la deducción será del 200 % del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o periodo gravable a partir del inicio de la relación laboral y hasta por un término máximo de tres años, si ésta se mantiene", explica un comunicado de la Presidencia.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) registrará a todas las empresas que tengan esta deducción fiscal.
Mientras, el decreto 2734 contempla que el Estado cubra las necesidades "temporales" de alojamiento, salud y alimentación para las mujeres que estén en riesgo, servicios que se prestarán también a sus hijos.
