Bogotá, 20 mar (EFE).- El ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzón, defendió hoy como "un marco jurídico claro" la reforma constitucional al Fuero Militar aprobada y promulgada en 2012 que desde el martes comenzó a reglamentar el Congreso.
"Lo que necesitamos son unas Fuerzas Armadas con un marco jurídico claro y eso es lo que se aprueba con la reforma al Fuero Militar, que quiere adaptar los conceptos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el mecanismo del marco del uso de la fuerza", aseguró Pinzón a medios de prensa locales.
El ministro, quien ayer radicó ante la Secretaría del Senado el proyecto de Ley Estatutaria que desarrolla el acto legislativo que reforma la Justicia Penal Militar, insistió hoy en que esta iniciativa no busca garantizar la impunidad de los crímenes cometidos por agentes del Estado, sino determinar cómo deben actuar en cada momento.
Precisamente, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, presentó hoy un informe de su oficina en Ginebra en el que consideró que esta reforma vulnera la separación básica entre los poderes, el derecho de las víctimas de acudir a la Justicia y de ser juzgado por un juez independiente.
Asimismo consideró que se trata de "un retroceso en la lucha contra la impunidad y por el derecho a la verdad", en una declaración leída ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH), que entró esta semana en la recta final de sus sesiones en Ginebra.
En este sentido, el ministro aclaró que "los delitos de lesa humanidad que sean cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no harán parte de la justicia penal militar y serán tenidos en cuenta exclusivamente por la justicia ordinaria".
El ministro colombiano se refirió además a uno de los puntos del proyecto de Ley Estatutaria que establece nuevos objetivos para las Fuerzas Militares en las bandas criminales que usan la violencia de forma sistemática, con intensidad, estructura y que ataquen contra la fuerza pública o la población civil.
Y es que hasta ahora, las Fuerzas Militares se encargaban de combatir a las guerrillas en Colombia, mientras que esas bandas criminales, dedicadas al narcotráfico y de estructura heredada de los grupos paramilitares desmovilizados la década pasada, quedaban en manos a la Policía.
Pinzón explicó que las acciones militares contra estas bandas criminales dependerá de "muchos factores. Si se trata de cualquier grupo que está delinquiendo de civil en las ciudades, pues existe la intervención policial y la Justicia".
"Pero si hay un grupo que se comporte de manera violenta y que tenga un mando militar y que ataque a nuestras fuerzas, como ya los hemos encontrado en algunas regiones selváticas del país, puede ser atacado, y es lo que hemos estado haciendo", agregó.
El ministro recalcó que "hay que recordar que esta es una reforma que tiene varios artículos relacionados necesariamente con el accionar militar, y que lo que buscan es la creación de reglas que mejoren la protección y la seguridad de los ciudadanos, además de establecer un marco para ejercer la fuerza contra los grupos armados ilegales".
"Es decir, la ley estatutaria permite establecer el cómo debe operar la Justicia Penal Militar, pero no busca dar vía libre a bombardeos indiscriminados", comentó.
"Si por ejemplo me preguntan si se va a bombardear la banda criminal de Santa Marta, porque está en zona urbana, pues no. Allá lo que se requiere es una intervención policial y judicial", afirmó.
