La adquisición de 40 carrotanques para La Guajira a través de un contrato por 46 mil millones de pesos fue el detonante de una serie de escándalos que tienen en la mira al Gobierno nacional con los recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
El propósito era abastecer de agua potable a los habitantes de La Guajira, sin embargo, el contrato tuvo sobrecostos por encima de los 20 mil millones de pesos.
Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, aseguró que, por orden del exdirector Olmedo López, les entregó a los entonces presidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, 4 mil millones sacados de los 46 mil del contrato para los carrotanques, como una estrategia para que, presuntamente, se favorecieran las iniciativas del Gobierno nacional.
Tras este escándalo, se comenzaron a conocer más irregularidades al interior de la entidad. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, el director de Inteligencia Nacional, Carlos Ramón González, y Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, según indicó Olmedo López, son algunos de los principales implicados, encargados de dar las órdenes y distribuir los recursos entre algunos congresistas para favorecer las iniciativas del presidente Petro.
Según López, el ministro de Hacienda le habría ordenado la contratación urgente de tres proyectos por 92 mil millones de pesos. El exdirector reveló además que uno de esos tres contratos sería para Saravena, Arauca, territorio controlado por la guerrilla del ELN, cuyo propósito sería beneficiar al grupo armado para continuar con la negociación de paz.
Por estos hechos, el presidente Gustavo Petro fue citado a declarar por la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la investigación que adelanta a Iván Name y Andrés Calle por presuntos actos de corrupción.
