Luego de que el tribunal de Justicia y Paz de Medellín confirmará en un fallo que la compañía bananera Chiquita Brands financió por 1.7 millones de dólares a grupos paramilitares en Urabá, desde la Fundación Forjando Futuros dicen que la sentencia solo hace énfasis en la financiación que hizo la multinacional, pero sin alcances jurídicos y penales por lo que piden que los hechos no queden en impunidad.
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“Se narra, se cuenta la historia, pero, no hay un decisión jurídica, en Estados Unidos hay dos decisiones, una donde condenan a empresarios de Chiquita Brands y los obligan a pagar la reparación de las víctimas, que deja en la impunidad a los empresarios que financiaron”, manifestó Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros.
En Colombia cursa un proceso contra 10 empresarios de Chiquita Brands, acusados por el delito de concierto para delinquir, 17 años han pasado y hasta ahora la justicia colombiana no ha tomado una decisión condenatoria, pese a que las organizaciones sociales han presentado a la justicia centenares de testimonios de los supuestos pagos de la compañía estadounidense al bloque bananero de las AUC.
“Por esta razón, exigimos justicia para que la rama se pronuncie en los términos adecuados antes de que se prescriba una acción penal”, señaló Carlos Zapata, director del IPC.
Recordemos que en junio de 2024, una corte de West Palm Beach del estado de la florida, condenó a Chiquita Brands a pagar una millonaria indemnización a siete víctimas del paramilitarismo. el universo de afectados es de 64 mil personas.
