La puja por la responsabilidad del despojo y masacres en el Urabá antioqueño entre 1994 y 2007 continúa.
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A pesar de que, en junio de 2024, un tribunal de Estados Unidos condenó a Chiquita Brands por sus nexos con grupos paramilitares, los abogados de la multinacional apelaron el fallo que también obliga a pagar una indemnización de 38 millones de dólares a ocho familias víctimas.
“Lo que busca es evadir el pago de 38 millones de dólares a las víctimas en Colombia de la región de Urabá por lo cual ya fue condenada en Estados Unidos”, indicó Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros.
El juzgado ya había señalado en su sentencia que la empresa bananera habría pagado hasta 2 millones de dólares a los paramilitares para el despojo de tierras, sin embargo, sus apoderados insisten que fueron extorsionados.
“Argumentan ellos falazmente de que no son victimarios sino que son víctimas de extorsiones y de presiones de guerrillas y de autodefensas en la región de Urabá, segundo que no hay una prueba directa en su relación con los homicidios y tercero que lo que hubo fue una manipulación de testigos”, agregó Vega.
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En Colombia se adelanta desde hace 18 años un proceso judicial contra Chiquita Brands que podría prescribir sino no hay un fallo antes del próximo 17 de septiembre de 2025.
