Uniformados de la Policía llegaron hasta una vivienda en el municipio de San Rafael, al oriente de Antioquia, en donde según alertas ciudadanas, un grupo de personas realizaban una rumba en plena pandemia. Ante el hecho, uno de los patrulleros procedió a realizar el respectivo comparendo, sin imaginar lo que le pasaría.
El hombre, quien según las autoridades, estaba en alto grado de alicoramiento, le propinó dos disparos de bala al uniformado, impactos que afortunadamente no tuvieron consecuencias mortales
El uniformado fue trasladado a un centro asistencial y a la fecha se recupera en su hogar. Además, tras el ataque, el hombre armado fue capturado por el compañero de la víctima.
Ahora bien, ¿cuáles podrían ser las implicaciones legales para este agresor o para cualquier ciudadano que atente contra la vida de un servidor público?
El asesinato a un servidor público es considerado como un homicidio agravado y podría dar de 25 y 40 años de prisión.
