Con medida de aseguramiento de carácter domiciliario fue cobijada la inspectora de urbanismo de la zona 3 de Medellín Dora de Jesús Gil Yepes.
Según las investigaciones, la inspectora sería la presunta responsable de exigir dinero al propietario de un establecimiento educativo para no demoler unas obras de ampliación por falta de licencias de construcción.
De acuerdo con el proceso adelantado por un fiscal seccional, las exigencias económicas se habrían presentado entre abril y diciembre de 2016, periodo en el que supuestamente los acusados recibieron la suma de 56 millones de pesos.
Según el denunciante, los investigados se comprometieron a no paralizar las obras, a no ordenar la demolición de las mismas y a gestionar las licencias necesarias.
Con la misma medida de aseguramiento también fue cobijado un arquitecto y ex contratista del municipio de Medellín, en calidad de interviniente.
Ninguno de los procesados se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía por el delito de concusión por constreñimiento, el cual hace referencia al abuso de las funciones de un servidor publico en búsqueda del bien propio.
