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Bogotá, 3 feb (EFE).- Más de 130.000 vehículos de carga fueron inmovilizados hoy en el inicio de una huelga nacional indefinida convocada por la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) para exigir al Gobierno que mantenga la regulación de fletes del sector, informaron portavoces de la organización en Bogotá.
"Tenemos un 90 por ciento del parque automotor guardado", aseguró a Efe el secretario general de la ACC, Ricardo Virviescas, para quien el llamamiento al cese de actividades fue acogido en todas las regiones de país.
Virviescas observó que la parálisis se percibe más en la capital colombiana y los departamentos de Santander (noreste) y del Valle del Cauca (suroeste), que son las regiones de mayor presencia de la ACC, una de las varias asociaciones de camioneros que existen en el país.
Sin embargo, el secretario de la ACC resaltó que las mayores consecuencias de la inmovilización se hacen evidentes en Buenaventura (suroeste), puerto sobre las costas del océano Pacífico y principal terminal marítima colombiana.
"En el puerto entran al día, aproximadamente, unos 3.000 camiones y hoy solo lo han hecho unos 116", sostuvo Virviescas, cuya organización ha realizado en el pasado otras dos huelgas, en agosto de 2008 y abril de 2009.
La ACC convocó este cese de actividades para exigir al Gobierno que derogue un decreto que elimina la tabla de fletes que ha regulado el transporte de carga por carretera en el país y adopta, en su lugar, una "libertad vigilada".
La normativa está pendiente de reglamentación, tarea que el Ejecutivo del presidente Juan Manuel Santos se ha propuesto hacer de manera concertada con todos los actores del sector.
Sin embargo, la ACC rechazó la manera en que el Gobierno ha realizado esta reforma, que, según el ministro de Transporte, Germán Cardona, busca modernizar y formalizar el sector.
"Expidieron la norma y luego nos llamaron a concertar", se lamentó el portavoz de la ACC, quien insistió en que su asociación exige que se suspenda la vigencia del decreto hasta que haya medidas jurídicas que se puedan aplicar a quienes violen la libertad regulada.
Virviescas advirtió de que en la ACC se teme que el Gobierno busca "entregar el transporte a grandes empresarios o multinacionales, caso este en el que quedarán fuera del alcance de las normas del país".
Así "nos desplazarán a nosotros", afirmó luego, y apuntó que, mientras, el sector de los pequeños propietarios quedará sometido a la "posición dominante" de los generadores de carga.
En un comunicado que leyó hoy ante la prensa, el ministro Cardona aseguró que la Superintendencia de Puertos y Transporte (SPT) será el ente que ejercerá "total vigilancia".
La SPT, precisó, velará por que "las condiciones libremente pactadas para la movilización de la carga efectivamente se cumplan, en particular las relacionadas con el precio y los tiempos de pago y de operación logística".
En la nota, el titular de Transporte invitó de nuevo a la ACC a "las mesas de diálogo y concertación antes de que el decreto sea reglamentado".
