El ánimo de lucro que llegaba con los inversionistas privados a la educación superior pública fue uno de los puntos que más resistencia ocasiono para la reforma de la educación superior propuesto por el gobierno.
Para representantes de la comunidad universitaria, el artículo trasladaba recursos a inversionistas y dueños antes que a los estudiantes o al sistema.
La decisión de retirar la posibilidad de lucro viabilizaría el proyecto que según el gobierno nacional posibilitará entregar 1,5 billones de pesos adicionales del presupuesto público a la educación superior.
El proyecto de ley de reforma a la educación superior será presentado dentro poco tiempo al Congreso.