La Paz, 18 mar (EFE).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo hoy que sopesa retirar al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que este organismo depende de Estados Unidos, un paso que, según fuentes oficiales, figura en la agenda política de 2013.
Morales anunció en rueda de prensa que piensa "seriamente" en retirar a Bolivia de la CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuya sede está también en Washington, y ante el cual indígenas amazónicos bolivianos han denunciado al Gobierno.
El presidente reiteró acusaciones anteriores de que "Estados Unidos no ha ratificado ningún acuerdo de defensa de los derechos humanos", como la Convención Americana de Derechos Humanos, principal instrumento continental sobre la materia.
"Yo considero a la CIDH como otra base militar", dijo Morales al señalar que la institución está financiada por Estados Unidos para "tratar de juzgar a los países".
Agregó que "la derecha procapitalista y proimperialista usa a la CIDH" y que la OEA enviaba misiones a Bolivia para defender y no condenar a presidentes y gobiernos "que estaban masacrando al pueblo boliviano".
"Después de conocer y seguir conociendo esas instituciones, personalmente estoy haciendo una profunda evaluación, (creo) que (es) mejor renunciar, retirarnos, no tomar en cuenta", sostuvo Morales.
Precisó que "eso no significa violar los derechos humanos, sino también queremos dignidad y soberanía".
El anuncio del mandatario se produjo después de que el pasado viernes se celebrara en la CIDH una sesión por el conflicto que un grupo de indígenas ha planteado contra el Gobierno para oponerse la construcción de una carretera en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), una paradisíaca reserva natural.
La ministra de Comunicación de Bolivia, Amanda Dávila, señaló hoy en declaraciones a Efe que "no hay una fecha concreta" prevista para la salida del país de la CIDH, aunque precisó que el asunto "está previsto" en la agenda política de este año.
"No hay fecha pero el presidente está analizando el tema y está dispuesto a cumplir todos los trámites a nivel nacional e internacional para salir de la convención", aseguró Dávila.
Para dar este paso, será necesario que el Gobierno boliviano consulte a la Asamblea Legislativa Nacional.
Dávila recordó que aunque Bolivia es el país "que ha dicho las cosas de manera más directa", su opinión es compartida por los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), en especial por Ecuador y Venezuela.
"Algo tendrán que responder desde la CIDH ante esta situación de varios países", agregó.
Desde Ecuador, el presidente Rafael Correa también insistió este lunes en la necesidad de aplicar cambios en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) o "buscar algo nuevo, mejor y nuestro", latinoamericano, en la materia.
"Hay un grupo de países que estamos decididos a hacerlo (buscar una nueva instancia latinoamericana) si no cambian las cosas" en el sistema, sobre todo en la Comisión Interamericana (CIDH), señaló el mandatario durante una conversación con la prensa.
Al igual que Morales, Correa criticó que la CIDH tenga su sede en la capital estadounidense cuando ese país, según él, ejerce "el más grande atentado a los derechos humanos actualmente en nuestra América" con el embargo a Cuba.
"¿Quién puede justificar que Estados Unidos le pague el sueldo a los burócratas de la Comisión" Interamericana si "no reconoce las atribuciones" de ese organismo?, se preguntó Correa.
Está previsto que los ministros americanos de Exteriores debatan en Washington el próximo viernes 22 propuestas de reforma de la CIDH durante una Asamblea General extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Algunas de estas propuestas fueron puestas sobre la mesa el pasado fin de semana en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil en el marco de la Conferencia de los Estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a la que asistieron representantes de 24 países.
Entre ellas figuran la adhesión de todos los Estados americanos a la Convención de Derechos Humanos, la financiación plena de sus organismos y la igualdad en las relatorías que vigilan los derechos civiles en el continente.
