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Roma, 20 feb (EFE).- El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, aseguró hoy que la justicia italiana se ha convertido en "un contrapoder político que va más allá de los principios constitucionales y que está cada vez menos al servicio público".
Berlusconi hizo estas afirmaciones en un mensaje dirigido a la asociación Promotores de la Libertad, próxima a su partido Pueblo de la Libertad (PDL), en el que además calificó de "insensatas e imperdonables" las iniciativas judiciales en su contra llevadas a cabo por los magistrados de Milán, que le procesan por abuso de poder e incitación a la prostitución de menores por el caso Ruby.
El jefe del Gobierno italiano, que reivindicó los logros económicos de su Gobierno, anunció también que convocará, en los próximos días, un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la reforma de la Justicia, cuyo primer borrador fue aprobado el viernes por este organismo.
Una reforma que, según Berlusconi, hará que "finalmente Italia pueda tener una justicia justa y digna de un país moderno".
Subrayó además la introducción de una normativa sobre las escuchas telefónicas "que ponga fin a los abusos y a las violaciones de la privacidad" y que frene la práctica de filtrar a la prensa el contenido de las escuchas telefónicas de las investigaciones policiales.
Estas medidas llegan en medio del escándalo por el caso Ruby, destapado por la Fiscalía de Milán, que sospecha que el mandatario mantuvo relaciones íntimas con la joven, de origen marroquí, cuando ésta era menor de edad.
Unas investigaciones que se basaron en gran medida en las escuchas telefónicas a personas cercanas a Berlusconi, entre ellas las jóvenes que asistieron a sus fiestas privadas, y que han sido publicadas por la prensa italiana provocando gran revuelo en el país.
El pasado viernes los medios de comunicación ya adelantaban la intención de Berlusconi de relanzar la conocida como ley mordaza una vez logre ampliar su consenso en la Cámara de los Diputados, donde, después de la escisión de su ex aliado Gianfranco Fini y sus seguidores el pasado verano, perdió la mayoría absoluta.
La ley mordaza, que quedó estancada en la cámara baja en junio de 2010, preveía limitar el uso de las escuchas en las investigaciones policiales y castigaba incluso con la cárcel a los periodistas que publicasen su contenido.
