La decisión de la Unidad Nacional de Protección de no autorizar un comité de evaluación descentralizado en Medellín generó preocupación entre autoridades y concejales de la ciudad, quienes aseguran estar enfrentando amenazas constantes por parte de estructuras criminales.
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La petición fue elevada ante la Procuraduría y la UNP debido a la situación de orden público que vive Antioquia y a las amenazas contra concejales, el alcalde y el secretario de seguridad. Desde la secretaría, la intención era realizar un análisis especial de riesgo desde el territorio y no únicamente desde Bogotá.
“Lastimosamente nuevamente la UNP rechaza esta solicitud. Ponemos en consideración del señor presidente y hacemos responsable lo que pueda pasar a los concejales debido primero la coyuntura política, pero también a las denuncias tan fuertes que han hecho contra la mesa de trabajo que hay en Itagüí, lo cual ha habido amenazas constantes”, Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos.
Por su parte, la concejal Claudia Carrasquilla explicó que la ley impide realizar un CERREM descentralizado en Medellín, aunque advirtió que la situación de seguridad que enfrentan actualmente los funcionarios es preocupante.
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“Eso hace imposible que en Medellín se pueda establecer un comité de evaluación y por eso es que ante la solicitud que se ha hecho por parte del alcalde de la ciudad de Medellín, pues ha habido la negativa”, dijo Carrasquilla.
El concejal Andrés Tobón cuestionó la negativa de la entidad y aseguró que las decisiones tomadas desde el nivel central no reflejan la realidad de seguridad que enfrentan quienes denuncian al crimen organizado en Medellín.
