Ramos había solicitado aplazar esta audiencia bajo el argumento que su abogado acababa de tomar el caso, y que por esa razón no conocía el expediente. Pero la Procuraduría negó la petición.
Los cargos hablan de un posible detrimento contra la Gobernación por más de 18 mil millones de pesos, a partir de varias denuncias por posibles errores y decisiones dolosas en la contratación. Para llegar a este punto hubo 22 indagaciones preliminares, en las que se analizaron contratos, demoras injustificadas en obras contratadas y adiciones que no son claras, entre otras presuntas irregularidades.
Estos cargos también se hicieron extensivos a sus exsecretarios de Infraestructura Mauricio Restrepo Gutiérrez y María Cristina Mesa, 10 consorcios y uniones temporales que comprenden 20 empresas de obras civiles y la Fundación para el Buen Gobierno.
